El Gobierno de Zapatero se ha quitado definitivamente la careta pseudoprogresista. El Presidente había repetido hasta la saciedad que nunca realizaría recortes sociales, pero la propuesta de reforma de las Pensiones es la mayor ofensiva contra los derechos de los trabajadores que se ha realizado en los últimos 30 años: no sólo quieren elevar la edad de jubilación hasta los 67 años sino también aumentar el número mínimo de años necesarios para poder acceder a una Pensión y aplicar un nuevo sistema de computo de tal manera que los nuevos pasionistas cobren pensiones más raquíticas aún que las actuales. Además restringe enormemente el derecho a las pensiones de incapacidad y viudedad.

Es absolutamente falso que el sistema público de pensiones esté en peligro. Nunca estuvo tan saneado como ahora. El pasado año la seguridad social ha tenido un superávit de más de 8.000 millones de euros. La reiterada cantinela de que cada vez hay más jubilados, que viven más años y que esto es insostenible, lo llevan repitiendo desde hace más de 30 años. Estas previsiones catastrofistas realizadas por entidades y economistas pagados por los Bancos y las Aseguradoras tienen un único objetivo: debilitar progresivamente el Sistema Público de Pensiones para que los Fondos de Pensiones Privados acaben siendo, en la práctica, una opción obligatoria para quien quiera sobrevivir con un mínimo de dignidad durante su vejez.

Ante los argumentos empleados por el Gobierno y los Poderes Financieros que le apoyan en esta intensa campaña mediática para justificar este durísimo recorte de las Pensiones hay que decir que las proyecciones demográficas empleadas no tienen la más mínima fiabilidad, como lo demuestran los sonoros errores de las predicciones demográficas de las últimas décadas, también cuando manifiestan que en el 2060 el gasto en pensiones habrá pasado del 8,4% del PIB actual al 15,1%. Hay que aclarar que ese porcentaje que se anuncia como insostenible para nuestro país en el año 2060 es similar al que mantienen actualmente algunos países europeos sin ningún problema. Hay también que recordar que hace 50 años nuestro país gastaba en pensiones un 3% del PIB y que, tras haberse casi tripliclado el gasto y aumentado singificativamente la esperanza de vida de los jubilados, el sistema no sólo no ha quebrado sino que está en mejores condiciones que nunca. Y todo esto sucede porque la productividad y el crecimiento económico avanzan a mayor ritmo que el aumento del número de jubilados. Así, según las propias previsiones sobre crecimiento económico del Banco de España, el PIB para el año 2060 se habrá multiplicado por 7, crecimiento que garantizaría sobradamente la solvencia financiera para acometer el gasto en Pensiones. Pero el futuro del sistema público de Pensiones no debe basarse en un permanente e incierto crecimiento económico sino en la financiación directa por parte del Estado de las Pensiones, pues, hay que señalar que España es de los pocos países de la Unión Europea en los que las Pensiones se sufragan exclusivamente con las cotizaciones sociales, siendo lo normal que se costeen con los ingresos normales del Estado. Es decir, en el supuesto de que en algún momento las cotizaciones sociales no bastasen para sostener las pensiones no tendría por qué suponer ningún problema, de la misma manera que el Estado gasta ingentes recursos económicos en mantener estructuras parasitarias como el Ejército o la Iglesia que son económicamente insostenibles. El Estado debe garantizar unas pensiones dignas a todos los trabajadores.