Las mutuas son una de las formas más descaradas y criminales de control y represión contra la clase trabajadora, son un engranaje más del sistema capitalista diseñado para maximizar beneficios a costa de la salud y la dignidad de la clase trabajadora. Bajo la fachada de “colaboradoras con la Seguridad Social», estas entidades privadas actúan como verdaderos siervos de la patronal, ya que están financiadas y controladas por las propias empresas. Gestionando la salud de los trabajadores, no con criterios médicos ni éticos, sino con la lógica del beneficio empresarial. Su único propósito: que el obrero vuelva a producir lo antes posible, aunque sea cojeando, con dolor o destrozado por dentro.
Las mutuas no cuidan al trabajador: lo vigilan, lo presionan y lo castigan. Niegan bajas, manipulan diagnósticos, tergiversan las dolencias de enfermos, dan altas fraudulentas, presionan psicológicamente a quien enferma y los acusan de mentirosos. Porque en este sistema podrido, estar enfermo es una falta, una sospecha, una amenaza para las cuentas de beneficios de la empresa. Las mutuas no son medicina, son policía patronal disfrazada de batas blancas y fonendoscopios.
El control férreo que ejercen las mutuas sobre las bajas por contingencias comunes, que en teoría deberían ser competencia del sistema público, refuerza su papel disciplinario. Las mutuas vigilan, cuestionan y criminalizan al trabajador enfermo, sembrando la sospecha del fraude y aplicando mecanismos represivos para invalidar su derecho al descanso y a la recuperación, donde el cuerpo del trabajador se convierte en mercancía y su malestar en un estorbo para el negocio y el capital.
Su existencia misma es un atentado contra la sanidad pública y los derechos laborales. Son organismos privatizados, pagados con dinero público, al servicio exclusivo del patrón. Mientras los hospitales colapsan, las mutuas operan con recursos propios para negar derechos. Y cuando alguien se rebela, cuando un trabajador se niega a reincorporarse lesionado o exige un diagnóstico real, la mutua lo sanciona, lo desacredita, lo expulsa del sistema o revoca al INSS, el INSS que debería ser el juez de las mutuas no es más que el aliado de la mutua.
El INSS es un instrumento más del poder estatal para condicionar la vida de las personas bajo el disfraz de protección. Su forma de actuar es igual a las de las mutuas son la prolongación de estas a nivel estatal maquillada de servicio público que protege los derechos. Es una entidad que solo sirve a los intereses del capital, la jerarquía y la exclusión, funciona como un muro burocrático, frío e inhumano, que somete a los ciudadanos a procesos interminables, revisiones médicas despersonalizadas y criterios arbitrarios. Las personas enfermas son tratadas como sospechosas por defecto, se duda de su palabra, se retrasa su atención. El INSS no escucha, no acompaña, no cuida, actúa como una máquina de control que regula quién merece vivir con dignidad y quién no, según sus propios intereses.
A todo esto se suma el nuevo pacto entre el Gobierno, los sindicatos amarillistas del Estado (CCOO y UGT) y la patronal, mediante el cual las bajas por contingencias comunes de origen traumático pasarán a ser gestionadas por las mutuas. Además, se les otorga acceso a los expedientes e historiales clínicos de las personas trabajadoras. Gracias a este acuerdo, un médico de la mutua podrá incluso declarar que una dolencia actual es consecuencia de una antigua lesión mal curada, evitando así su reconocimiento como enfermedad profesional.
Este es un nuevo paso en el proceso de privatización de la sanidad pública. En lugar de invertir en el sistema público de salud, se sigue apostando por enriquecer a un puñado de parásitos cuyo único objetivo es el beneficio económico, a costa de la salud de la clase trabajadora. A ellos solo les interesa la productividad: nos quieren enfermos, dopados y anestesiados con sus medicamentos, para que sigamos produciendo hasta reventar.
Desde la no pedimos que las mutuas, ni el INSS, ni el Estado funcionen mejor: exigimos su abolición. No hay reforma posible en una estructura diseñada para explotar. Lo que queremos es una sanidad verdaderamente pública, autogestionada y de calidad, sin intereses empresariales ni estatales; y un sistema laboral que no trate al ser humano como carne para la picadora.
La salud no se negocia. Las mutuas deben desaparecer, y con ellas toda la arquitectura de dominación que convierte el sufrimiento en mera estadística.
La lucha contra las mutuas es parte de una lucha mayor: la emancipación del trabajo de todo control empresarial y estatal, y la conquista de una vida digna, libre de explotación.
Ni mutuas, ni jefes, ni estado: salud, dignidad y vida para la clase obrera.
